Mientras la
protección constitucional de los datos personales va bien encaminada en el
Congreso, el proceso de reforma a la ley que regula el tratamiento de los
mismos parece estancado, dicotomía que podría mermar la fuerza de la reforma a
la carta fundamental.
La semana pasada, el
Senado de Chile aprobó la reforma
constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales.
La iniciativa, que
pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional,
pretende modificar el artículo 19 de la Constitución, agregando dos incisos que
establecen la protección de los datos personales, el derecho a acceder a ellos
y a obtener su rectificación, complementación y cancelación; el tratamiento,
circulación y traspaso de esos datos deberá realizarse en la forma y
condiciones que fije la ley.
Senadores de todo el
espectro político coincidieron en la necesidad de proteger constitucionalmente
los datos personales, hoy consagrados en una legislación débil. De aprobarse en
la Cámara de Diputados, la iniciativa permitirá que las personas utilicen el
recurso de protección frente a cualquier amenaza, perturbación o vulneración de
sus datos personales, lo que en la práctica significa una tramitación rápida,
de bajo costo, donde no se necesita abogado
La reforma
constitucional avanza con argumentos sólidos y consistentes, con un claro ánimo
de entregar más derechos a las personas. Lamentablemente, los datos personales
de los chilenos siguen bajo una ley deficiente, que no cumple con estándares
internacionales, ni con una institucionalidad firme y que no protege
debidamente a las personas.
El año recién pasado,
el Ministerio de Economía preparó un anteproyecto de ley destinado a cambiar
integralmente el régimen de protección de datos personales en Chile. El
anteproyecto fue sometido a consulta y a discusión técnica en una mesa
público-privada, donde participaron diversas empresas, organizaciones, gremios
y académicos, incluyendo a Derechos Digitales.
El Ministerio fijó
para octubre de 2014 el
plazo de presentación del proyecto al Congreso. Sin embargo, durante meses no
hemos tenido ninguna novedad sustantiva sobre el contenido del proyecto ni
tampoco una nueva fecha de presentación.
Lo anterior es
problemático: en la medida en que la protección legal de los datos personales
siga siendo deficiente, el reconocimiento de su importancia en la Constitución
pierde parte sustancial de su fuerza y propósito; disparidad que, de
mantenerse, bien puede crear potenciales conflictos e incertezas legales.
El país requiere un
fortalecimiento de los derechos de las personas sobre su información personal y
para ello es fundamental el compromiso real del Gobierno, que no se quede
solamente en el discurso y la intención.
El Congreso parece
estar bien encaminado con la iniciativa de reforma constitucional, y esperamos
que prontamente el Gobierno también se contagie con esta energía.
SOBRE EL AUTOR
Rayén Campusano es abogada de
la Universidad de Chile y durante 2012 fue pasante de ONG Derechos Digitales.
En 2014 se integró como Encargada de políticas públicas en Chile, donde sus
principal función es monitorear la actualidad política del país y las tomas de
decisiones, tanto del Gobierno como en el Congreso Nacional, en relacionados a
los derechos humanos en el entorno digital.
Fuente: https://www.derechosdigitales.org/8453/proteccion-de-datos-personales-en-chile-buena-iniciativa-del-congreso-nacional-compromiso-real-del-gobierno/ (16/03/2015)

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